Flaco favor le hacemos a la historia de Colombia declarando que el actual Congreso de la República es el de la paz.

Flaco favor le hacemos a la historia de Colombia declarando que el actual Congreso de la República es el de la paz. Por supuesto, no se desconoce que por las votaciones en el Senado y la Cámara de Representantes hoy tenemos caminando el acuerdo de paz para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Sin embargo, conviene revisar algunas de sus determinaciones y varias declaraciones de los congresistas en ejercicio para descubrir qué lejos están, como institución, de merecer tal calificativo.

Empiezo preguntándome por el resultado de las votaciones en el plebiscito. Mientras el Centro Democrático dispuso de toda su maquinaria para movilizar a los electores, aun cuando no esperaba ganar, muchos de los congresistas de la ya extinta “unidad nacional” no solo fueron tímidos, sino completamente ausentes en el proceso de movilización de sus votantes. Queda entonces la incómoda sensación de juzgar tal indiferencia como una revelación de que mientras no se estén jugando su puesto y su poder, poco tienen que mover.

Por otra parte, el reciente crimen –atroz sin lugar a dudas– del que fue víctima la niña Yuliana Samboní, ha motivado la reaparición del tan dañino “populismo punitivo”, que se aprovecha de estos delitos y de las emociones que generan, para ofrecer soluciones de mano dura y tolerancia cero que nos acercan más a la radicalización de nuestras sociedades que a la defensa de los derechos humanos que, supuestamente, se pretende lograr.

Nada más y nada menos, el actual presidente del senado, Mauricio Lizcano, anunció una enmienda constitucional para imponer cadena perpetua a los violadores y asesinos de menores de edad. Incluso, yendo más lejos, la representante a la Cámara del desdibujado Partido Liberal, Olga Lucía Velásquez, ha propuesto que a quienes se les compruebe que hayan cometido esta clase de delitos, se les castigue con “la pena de muerte, es inaudito que le suceda a una persona, a una familia, un acto tan atroz, tan desgarrador”.

Por supuesto, estos delitos remueven lo más profundo de nuestra humanidad y nos llevan, incluso, a despertar un sentimiento de ira que se puede materializar en una sed de venganza insaciable. Pero nuestros legisladores, y más aún, los de un congreso que se quiere autodenominar como “el de la paz”, no tendrían por qué estar discutiendo la cadena perpetua y la pena de muerte como mecanismos legislativos para la prevención de delitos. Pocas cosas más violentas que estas dos medidas.

Y para finalizar, sabiendo que muchos son los temas que quedan sin mencionarse, no puede dejarse de lado la inequidad que promueve este congreso como institución. Una inequidad que muchos congresistas quieren seguir sosteniendo en tanto no son capaces, ni siquiera, de congelar su salario. Es francamente inaudito que un congresista de Colombia gane cerca de 28 millones de pesos cuando un salario mínimo de un ciudadano no llega a los 700 mil pesos. Solo con esta razón, se cae cualquier posibilidad de calificar a este Congreso como “el de la paz”. No sean cínicos.

Nota de cierre: que este congreso no merezca ser calificado como el de la paz, no implica que se desconozcan los esfuerzos que han hecho algunos congresistas, en particular, para construir un país equitativo, decente, educado, libre, respetuoso, garante de los derechos humanos y, también, en paz. A ellos, mi admiración y respeto.

Columna publicada originalmente el 15 de diciembre de 2016 en el periódico El Mundo.

Foto: Congreso de la República por Johnatan Clavijo