Cinthya López es una profesional de las comunicaciones, graduada de la Universidad de Antioquia y con quien tengo una cercana relación ante la cual, debo aclarar, no me siento limitado o impedido para hablar con criterio imparcial y capacidad argumentativa ante la compleja situación que vive ahora y que, seguro, representa a muchos otros estudiantes.

Ella, quien cursa ahora un Máster en Gestión Publicitaria con la Universidad Complutense de Madrid, una de las Instituciones de Educación Superior más importantes de España, dedica parte de su tiempo, que perfectamente podría aprovechar para estudiar, a preguntarse e ingeniar posibilidades sobre ¿cómo podrá pagar la totalidad de su programa de posgrado y sostenerse durante todo el año que pasará en España?

Esta preocupación no tiene nada que ver con falta de previsión o desorden a la hora de organizar su viaje de estudios, sino que tiene fundamento en el desorden administrativo de una institución que: tanto ha facilitado las posibilidades de estudio de miles de estudiantes, como le ha sacado canas a familias enteras. Hablo del ICETEX, la entidad del Estado que promueve el acceso de los colombianos a la educación superior a través del otorgamiento de créditos educativos.

El pasado 15 de julio de 2015, luego de aprobar los estudios crediticios para ser titular del crédito, Cinthya recibió un correo electrónico del ICETEX en el que se le decía que: “Para el ICETEX es grato informarte que la solicitud de tu crédito ha sido aprobada para el programa de GESTIÓN PUBLICITARIA e(sic) UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID”. Adicionalmente, en este correo se le pedía la legalización del crédito, para la cual se le demandaba la entrega de la documentación que respaldaba su solicitud de crédito ya aprobada.

Luego de entregar esta papelería, en una carta oficial enviada el 25 de septiembre de 2015, también por medio electrónico, el ICETEX le notifica que: “En atención a la solicitud, nos permitimos informar que recibimos satisfactoriamente los documentos correspondientes al desembolso del crédito (…) razón por la cual, le comunicamos que el giro se estará autorizando en los próximos días, esto teniendo en cuenta que el crédito presenta como último estado Concepto Jurídico Viable”.

Como es natural, Cinthya López viajó a España con la ilusión de comenzar su nueva etapa formativa. Ya en Europa, el 7 de octubre de 2015, después de un proceso de cerca de tres meses, el ICETEX, por medio de una organización outsourcing, desconocida hasta el momento en las comunicaciones previas, denominada “Serlefin BPO & O”, envía un correo electrónico afirmando ahora que: “El certificado que presentó indica que es título propio, por lo tanto ICETEX aun así haya aprobado el crédito no realizara desembolso, puesto que la documentación se envía a una segunda revisión la cual determina la autorización o no del desembolso” (sic).

Decepción, confusión y rabia es lo que ella dice que sintió luego de recibir una noticia que, por supuesto, dejó su sueño de estudiar en el exterior tambaleándose. Con ayuda de amigos, familiares y recursos propios, pudo cancelar la primera mitad de los estudios del Máster. Por eso ahora se pregunta ¿cómo pagará la otra mitad de su Máster y cómo podrá sostenerse en este año de estudios?

El ICETEX argumenta que de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 62 de la Ley 1753 de junio 9 de 2015, o Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Las Instituciones Estatales no podrán financiar con recursos públicos, aquellos estudios de Educación Superior que conduzcan a la obtención de títulos universitarios no oficiales o propios”.

Claro, la Ley existe desde junio pero ¿le tardó al ICETEX cerca de tres meses darse cuenta que debía cumplirla? Si desde el primer momento en que Cinthya López presentó su solicitud estaba claro que el Máster era conducente a un título propio ¿por qué le fue aprobado el crédito e incluso se le anunció su desembolso para después decirle que ya no lo haría? ¿Es esto serio y respetuoso en una entidad pública?

Estas son solo algunas de las preguntas que esta entidad que cumple tan importante función para el país, debe responder de forma clara a decenas de profesionales que hoy sufren este problema. Solicitar un crédito a una entidad estatal para desarrollar estudios en busca del beneficio personal y colectivo no es pedir un favor. Hay varios principios del consumidor que claramente se violan en este caso y tanto el ICETEX como el Ministerio de Educación tienen la obligación de responder. ¡Qué lo hagan!

Columna publicada en el periódico El Mundo de Medellín el 5 de noviembre de 2015.