El gobierno colombiano de Juan Manuel Santos propone pero no dispone en materia de políticas sobre drogas. Por un lado, se ensalza como líder en el debate mundial respecto a este tema convocando en el pasado mes de abril –junto con México y Guatemala– a la primera sesión especial de la ONU sobre drogas en casi veinte años (UNGASS 2016). Y por el otro, se plantea retornar a la lucha contra los cultivos ilícitos con el uso de glifosato para erradicaciones manuales.

Mientras en escenarios internacionales el gobierno nacional alardea de derechos humanos y de un cambio en la estrategia frente a la problemática de las drogas, entendiéndola como un tema de salud pública y no de criminalización del consumidor, en el país son poco significativos los cambios que se procuran en esta materia. Basta con mirar la información del Observatorio de Drogas de Colombia para encontrar una frase que retrata una verdad palpable en la cotidianidad “el consumo (de drogas) está creciendo en el país”. ¿Y qué estamos haciendo al respecto?

Por supuesto, es desproporcionado plantear que no se está haciendo nada desde el actual gobierno respecto al tema. El solo hecho de convocar un debate a escala global no deja de ser una intención valiosa para poner en consideración situaciones preocupantes como la condena a pena de muerte por delitos de drogas en países como China, Irán o Arabia Saudí.

Sin embargo, la falta de progresos en las políticas nacionales ponen en tela de juicio los pronunciamientos que se hacen de puertas para afuera. Desde las dificultades para perseguir a los grandes delincuentes y las organizaciones criminales que se benefician del narcotráfico y el lavado de activos, hasta la ambivalencia para aplicar un plan de erradicación o uno de sustitución y desarrollo de otros cultivos…

En una entrevista para Radio Nacional de España sobre UNGASS 2016, el delegado del gobierno español para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, interrogaba si acaso con escenarios como este “¿se está intentando justificar la necesidad de producir cambios en la política interior de los países a expensas de un llamado a la comunidad internacional?”.

Parece que los convocantes a esta sesión especial –Colombia, México y Guatemala–, tenían esta única perspectiva al saberse incapaces de lograr un consenso en la ONU sobre la afirmación “la guerra contra las drogas ha fracasado”.

Ahora bien, no se puede desconocer que el acuerdo sobre drogas ilícitas firmado por el gobierno nacional y las Farc en los Diálogos de Paz de La Habana, representa una declaración de intenciones importante para el futuro de la estrategia para combatir este flagelo en el país. Sin embargo, si la administración Santos quiere liderar una causa global para el cambio de enfoque respecto al asunto de las drogas, debería procurar el ejemplo, ejecutando de forma efectiva y diligente esos cambios que se propone a escala mundial, pero en el ámbito nacional. De lo contrario, nada haremos.

Nota de cierre: una pregunta, ¿lo de Federico y la cancelación de la cabalgata de Feria de Flores fue cambio de postura o postureo?

Foto: Flickr del Ministerio TIC de Colombia

Columna publicada originalmente el 5 de mayo de 2016 en El Mundo de Medellín.