Mi resumen de los acuerdos – Capítulo 2

Punto 2, Participación política: Apertura democrática para construir paz

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Nota importante (17 de octubre de 2018): considerando que esta entrada tiene visitas constantes, es importante aclarar que este artículo corresponde a un resumen del Acuerdo de Paz que no fue aprobado por los colombianos en el plebiscito de 2016. Dicho Acuerdo tuvo modificaciones, algunas mínimas, otras sustanciales, que no están consignadas en este resumen. Agradezco su comprensión. Sin embargo, este documento puede servir para conocer la esencia de los Acuerdos del Gobierno colombiano con las FARC.

Lea aquí el primer capítulo de “Mi resumen de los acuerdos”.

En este acuerdo, la política es considerada como un ejercicio que no se limita a la participación en el sistema político y electoral. Por esta razón, todas sus determinaciones no solamente incluyen a los partidos y movimientos políticos, sino también a las organizaciones y movimientos sociales y populares, que en su conjunto, son el reflejo de la pluralidad y la multiculturalidad en Colombia.

De igual manera, el acuerdo en su totalidad busca que nunca más la violencia sea utilizada como un método de acción política, rechazando así la combinación de las formas de lucha. Este compromiso es sustancialmente importante porque en nuestro país, históricamente, el debate de las ideas se ha trasladado a la lucha armada.

Aunque son muchos los puntos acordados en cuanto a participación política, se destaca el impulso a la creación de nuevos partidos y movimientos políticos y sociales en el país –por supuesto, en relación con el tránsito de las FARC a la vida política y pública, pero sin excluir otras alternativas como agrupaciones de víctimas o de desplazados–; el fortalecimiento de la participación ciudadana con un marcado enfoque de género, que garantice la participación de las mujeres; las garantías para el ejercicio de la oposición y el reconocimiento de la protesta como medio de expresión política; el acceso a medios de comunicación para la difusión de las organizaciones y movimientos sociales, mujeres, jóvenes y grupos LGTBI; mayor representación en el Congreso de la República de los territorios afectados por el conflicto y el abandono; y la revisión del régimen electoral.

Una de las primeras medidas acordadas es la creación de un Estatuto de Garantías para el Ejercicio de la Oposición realizado por una comisión de partidos y movimientos con personería jurídica y en la que también participarán: el movimiento Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos y 2 expertos delegados por las FARC. Además, se convocará un gran evento nacional para que las organizaciones y movimientos sociales, la academia y los expertos, aporten sus reflexiones respecto a este estatuto. Tras la entrega de las recomendaciones por parte de la comisión, se tendrá un plazo de 3 meses para crear el proyecto de ley al respecto.

También se creará de un nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, por medio del cual se pretende crear una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad, que no permita la estigmatización ni la persecución. En este punto se advierte, por ejemplo, que se tomarán todas las medidas necesarias para evitar el surgimiento de grupos paramilitares. Este sistema dependerá directamente de la Presidencia de la República, estará articulado a la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Procuraduría, y tendrá interlocución permanente con los partidos y movimientos políticos, especialmente los miembros de las FARC que decidan ejercer la política, para garantizar su seguridad y evaluar sus riesgos, asesorados por organizaciones humanitarias internacionales, acordadas por el gobierno y las FARC.

Así mismo, se ofrecerán garantías de seguridad para líderes y lideresas de movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos, promoviendo por ejemplo una revisión del marco normativo, a fin de elevar el costo de los delitos contra este grupo de personas.

Este acuerdo también propone la creación de un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana, que fortalezca los movimientos sociales, mejore las relaciones con la institucionalidad e incremente la incidencia de estas agrupaciones en las decisiones públicas. El Consejo Nacional de Participación, Foro por Colombia, Viva la Ciudadanía y el CINEP serán las organizaciones encargadas de presentar las recomendaciones al respecto, después de realizar un evento nacional que se realizará dentro de los siguientes 60 días después de la firma del Acuerdo Final.

Como uno de los puntos importantes de este acuerdo es la protesta social, se hace hincapié en la “revisión y, de ser necesaria, modificación de las normas que se aplican a la movilización y la protesta social”, asegurando posteriormente que “los disturbios se tratarán con civilidad”. Al finalizar ese punto, se menciona una Política pública de fortalecimiento, promoción y garantías de la participación de las organizaciones y movimientos sociales, como mecanismo para que las demandas de estas agrupaciones sean escuchadas y atendidas de forma temprana por parte de las autoridades.

Se destaca, también el importante papel de los medios comunitarios, regionales e institucionales en el fortalecimiento de la participación, el respeto por los derechos y la democracia. Por esta razón, se resuelve abrir nuevas convocatorias para la adjudicación de nuevas emisoras comunitarias; formar a comunicadores comunitarios y ofrecer capacitación técnica a los trabajadores de estos medios; y abrir espacios para financiar proyectos al respecto.

Además, se creará el Consejo Nacional para la Reconciliación y Convivencia, en el cual participará el gobierno, el ministerio público, los partidos políticos, incluido el movimiento que surja de la desmovilización de las FARC , y las organizaciones y movimientos sociales. Este consejo se encargará de crear un programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización, así como de la pedagogía de los acuerdos y su difusión en el sistema de educación pública y privada, a todos los niveles. También, se creará un cátedra de cultura política para la reconciliación y la paz.

Se promoverá, también, el papel de las veedurías ciudadanas y los observatorios de transparencia, especialmente en momentos como este donde hace falta un control ciudadano que vigile las inversiones que exigen la ejecución de este acuerdo final. También, se revisarán las funciones de los Consejos Territoriales de Planeación, para ampliar su participación en la construcción de los Planes de Desarrollo y, de igual manera, se fortalecerá la participación de las Juntas Administradoras Locales en estos planes.

A continuación, destaco algunas de las decisiones más importantes de este punto 2 y que están al final de este acuerdo sobre participación ciudadana:

Desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos del requisito de superación de un umbral en las elecciones de Congreso y, en consecuencia, redefinir los requisitos para su constitución. Uno de estos será el número de afiliados y afiliadas.
Los nuevos partidos contarán con un periodo de transición de 8 años, en el que gozarán de financiación especial y difusión de sus programas políticos.
Se realizará una campaña masiva de cedulación, especialmente en las zonas afectadas por el conflicto y por el abandono.
Se fomentará la participación ciudadana en las elecciones por medio de campañas.
Se facilitará el acceso a puesto de votación a los ciudadanos que habitan en zonas alejadas.
Se luchará contra el fraude en las elecciones, por medio de diferentes medidas, entre ellas, un Tribunal Nacional de Garantías Electorales y tribunales seccionales en las circunscripciones con mayores riesgos.
Se realizarán ajustes a la normativa sobre publicidad oficial, de modo que esta no sea utilizada para beneficios electorales, personales o partidistas.
Se crea una misión electoral especial, la cual estará conformada por 7 expertos de alto nivel, en su mayoría colombianos: 1 de ellos perteneciente a la Misión de Observación Electoral (MOE) y los seis restantes, elegidos por el Centro Carter, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Este grupo se encargará de presentar una reforma del régimen y organización electoral, la cual deberá hacerse seis meses después de presentar su informe al respecto.
Se crean 16 circunscripciones transitorias especiales de paz para la elección de 16 representantes a la Cámara de Representantes de manera temporal y por dos periodos electorales. Estas circunscripciones estarán ligadas a los territorios afectados por el conflicto y el abandono y buscan hacer visibles sus necesidades y fortalecer su presencia institucional. Ninguno de los partidos que cuentan actualmente con representación en el Congreso podrán participar. Los candidatos serán personas que habitualmente vivan en esas zonas, contarán con financiación especial y podrán ser inscritos por grupos significativos de ciudadanos, como asociaciones de campesinos, víctimas, mujeres, entre otros.
Se garantizará la participación de mujeres en todos los puntos de este acuerdo.
Se creará un canal institucional de televisión cerrada para que todos los partidos políticos y movimientos con personería jurídica divulguen sus plataformas ideológicas. También, se informará de los avances de los acuerdos y se divulgará el trabajo de las organizaciones y movimientos sociales. En esencia, el canal fomentará una cultura democrática de paz. La programación de este canal será asesorada por: representantes de los partidos y movimientos políticos y por las organizaciones y movimientos sociales más representativos. Por lo tanto, no será un canal para las FARC como afirman algunos mensajes tendenciosos en redes sociales.