Punto 3, Fin del conflicto (incluye, Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo –CFHBD–, Dejación de Armas –DA–; y Fin del conflicto)

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Nota importante (17 de octubre de 2018): considerando que esta entrada tiene visitas constantes, es importante aclarar que este artículo corresponde a un resumen del Acuerdo de Paz que no fue aprobado por los colombianos en el plebiscito de 2016. Dicho Acuerdo tuvo modificaciones, algunas mínimas, otras sustanciales, que no están consignadas en este resumen. Agradezco su comprensión. Sin embargo, este documento puede servir para conocer la esencia de los Acuerdos del Gobierno colombiano con las FARC.

Lea aquí el primer capítulo de “Mi resumen de los acuerdos”.

Lea aquí el segundo capítulo de «Mi resumen de los acuerdos». 

Breve introducción

Antes de empezar este capítulo, considero importante anotar que el contenido de este acuerdo es, probablemente, el más complejo y también el más polémico del contenido integral del los Acuerdos de La Habana, en tanto se refiere a todo el proceso de transición de las FARC a la vida pública y política.

También es polémico porque, por ejemplo, en su numeración omite el punto 3.3., lo cual ha planteado inquietudes en diversos sectores que reclaman sustracción de información o que el acuerdo está incompleto. Al respecto, la mesa de conversaciones ha emitido un comunicado en el que clarifica que “en el desarrollo de los subpuntos, algunos fueron omitidos en estricto orden ya que su desarrollo por completo se dio en otros puntos del Acuerdo Final”.

Dicho lo anterior, procedo con un resumen que espera hacer más amigable la lectura de un punto con muchas especificidades de procedimiento y engorroso en su desarrollo; esto, por supuesto, intentando no omitir nada importante…

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En el punto 3 de los Acuerdos de La Habana se desarrolla una hoja de ruta para que en 180 días después de la firma del Acuerdo Final haya terminado el proceso de dejación de armas. Será la Organización de Naciones Unidas (ONU) la que por medio de un procedimiento técnico, trazable y verificable, recibirá la totalidad del armamento de las FARC, que se destinará para la construcción de tres monumentos: uno en la sede de la ONU, otro en La Habana, Cuba, y uno más en un lugar de Colombia seleccionado por mutuo acuerdo entre las partes.

En este punto, las partes también se comprometen a terminar las acciones ofensivas. Este compromiso se viene cumpliendo desde el 29 de agosto de 2016, cuando las partes decretaron el cese al fuego bilateral y definitivo.

Para acompañar el proceso de transición de las FARC, se crea un Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V), un órgano tripartito compuesto por las FARC, el Gobierno con especial participación de la fuerza pública y un Componente Internacional (CI) integrado por miembros observadores no armados de la ONU, especialmente, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Este último Componente es el que preside el Mecanismo de Monitoreo y Verificación y se encarga de dirimir controversias, presentar recomendaciones y generar reportes.

Zonas Veredales y Campamentos

El acuerdo define la creación de 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y de 8 campamentos, los cuales servirán como lugares estacionarios para el proceso de reincorporación a la vida civil de los integrantes de las FARC. Los límites de cada una de estas zonas corresponden a los límites territoriales de la vereda en donde están ubicadas. Estos límites podrán ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo. Los integrantes de las FARC se movilizarán y reunirán en estas zonas, garantizando su seguridad.

En las zonas veredales, las FARC son responsables de sus combatientes, los cuales podrán salir de estas zonas vistiendo de civil y sin armas. Por lo tanto, se garantiza la suspensión de las órdenes de captura de todos los integrantes de las FARC. La guerrilla, por su parte, entrega un listado completo de sus integrantes en cada una de esas zonas.

60 hombres y mujeres de las FARC podrán movilizarse por todo el territorio nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con los acuerdos. 10 hombres y mujeres de cada Zona Veredal se podrán movilizar a nivel municipal y departamental, de acuerdo con el lugar en el que estén ubicados, y también en estricto cumplimiento de tareas relacionadas con los acuerdos. Por lo cual, se asignarán 2 equipos de protección por cada Zona Veredal, para acompañar los traslados. Todo integrante de las FARC que requiera salir de las Zonas Veredales, deberá dejar su arma en contenedores dispuestos para este fin y supervisados por el Componente Internacional.

Tanto el gobierno como las FARC se han comprometido con evitar cualquier perjuicio a la población civil cercana a las zonas o campamentos. Por esta razón, garantizan el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas. Además, en estas Zonas Veredales no podrán realizarse manifestaciones públicas y no ingresará población civil en ningún momento. También, se suspende el porte y la tenencia de armas para la población civil en las Zonas Veredales.

El ingreso de autoridades armadas del Estado a las zonas, solo podrá hacerse informando al Mecanismo de Monitoreo y Verificación, quien coordinará la entrada con las FARC. El espacio aéreo también se restringe para vuelos militares, los cuales no podrán sobrevolar a 5.000 pies de vuelo. También, se determina una zona de seguridad que corresponde a un kilómetro a la redonda de las Zonas Veredales, donde no podrá haber presencia de fuerza pública. Sin embargo, se garantiza que existirán condiciones de seguridad y convivencia para la población civil durante este proceso.

Las Zonas Veredales podrán ser aprovechadas para el desarrollo de capacitaciones a los integrantes de las FARC; por ejemplo, nivelaciones en educación básica, secundaria o técnica. También se podrán hacer jornadas de cedulación, atención en salud, entre otras actividades.

Dejación de Armas

Este proceso se desarrollará en dos etapas, a saber: control de armamento y dejación de armas, las cuales se dividen en los siguientes procedimientos resumidos:

  • Registro: consiste en el procedimiento técnico de consignar la cantidad y tipo de armas recibidas a las FARC por parte del Componente Internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación.
  • Identificación: es el procedimiento técnico que permite caracterizar las armas de las FARC por parte del Componente Internacional. Este procedimiento solo se hace con las armas individuales que porten los integrantes de las FARC dentro de los campamentos. El Componente Internacional verifica que cada arma individual sea identificada.
  • Recolección: es el procedimiento técnico por medio del cual el Componente Internacional recibe “todas las armas” (pág. 59) de las FARC, conforme con el procedimiento consignado en el acuerdo. Cada Zona Veredal tiene su lugar de recolección de armamento. El armamento, como se dijo al inicio, se utilizará para la construcción de 3 monumentos.

Además, las FARC aportarán toda la información relacionada con minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados, municiones sin explotar o restos de explosivos de guerra.

Resalto, además, esta cita textual al respecto: “del día D+7 al día D+30 se realiza transporte de las armas de acompañamiento, del armamento de las milicias, las granadas y municiones, por parte de los integrantes de las FARC hacia las Zonas Veredales” (Pág. 60).

Se destaca esta cita porque algunas personas han confundido el proceso de identificación de las armas individuales con la entrega de una sola arma por cada miembro de las FARC, lo cual, con citas como las anteriores, quedaría desmentido. De acuerdo con el texto de los acuerdos, todas las armas son trasladadas a las zonas veredales y todas se entregan, aunque solo sea el arma individual la que pase por un proceso de identificación.

La extracción de las armas por parte de la ONU se realizará entre el día D+150 y el D+180. Finalmente, se declara que el día D+180 se da por terminado el funcionamiento de las Zonas Veredales y el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, lo que significa el comienzo de la integración de las FARC a la vida civil.

Reintegración

“Sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera requiere de la reincorporación efectiva de las FARC a la vida social, económica y política del país”. (Pág. 61)

Quedan suspendidas las condenas derivadas de delitos de competencia del Tribunal para la Paz hasta que estas condenas hayan sido tratadas por la Jurisdicción Especial para la Paz.

El acuerdo, por supuesto, contempla la participación en política de las FARC y la creación de un partido o movimiento que cumplirá con sus deberes constitucionales y gozará de garantías, tales como:

  • Personería jurídica: sin requisitos legales como acreditación de un determinado número de afiliados, la presentación a certámenes electorales y la obtención de un umbral, desde su fecha de registro hasta el 19 de julio de 2026.
  • Funcionamiento: desde su registro y hasta el 19 de julio de 2026 el movimiento recibirá para su financiación el 10% de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, y un 5% anual de esta apropiación, desde su fecha de registro hasta el 19 de julio de 2022, para la difusión y divulgación de su plataforma ideológica y programática.
  • El partido o movimiento que surja de las FARC podrá contar con recursos de financiación o de formación de sus dirigentes por cooperación internacional. El gobierno promoverá este modelo.
  • Para las elecciones de 2018 y 2022, el gobierno financiará las campañas de candidatos a la presidencia y senado del partido o movimiento que surja de las FARC, así: para presidencia, se reconocerá la financiación estatal que corresponde a los candidatos que cumplen los requisitos de ley; para el senado, el 10% de financiación estatal anticipada, equivalente al límite de gastos fijados para las campañas por la autoridad electoral. Las campañas no tendrán que devolver el dinero en tanto certifiquen que lo han gastado conforme a los requisitos legales.
  • El partido o movimiento que surja de las FARC tendrá acceso a medios en igualdad de condiciones frente a los demás partidos.
  • Los integrantes tendrán garantías especiales de seguridad (punto que se amplia posteriormente).
  • Durante dos periodos constitucionales, desde el 20 de julio de 2018, el movimiento o partido que surja de las FARC podrá: inscribir candidatos propios o hacer coaliciones con otros partidos y movimientos políticos con personería jurídica; se garantizarán 5 curules en Senado y 5 en Cámara de Representantes, como mínimo.
  • Desde la entrada en vigor del Acuerdo Final, las FARC designarán 3 voceros en cada una de las Cámaras (esto es, 3 en el Senado y 3 en la Cámara de Representantes) que participarán en debates que correspondan a proyectos de reforma legal y constitucional tramitados por el procedimiento legislativo especial para la paz. Tendrán las mismas facultades que los congresistas, menos el voto.
  • Las FARC podrán tener un delegado en las deliberaciones del Consejo Nacional Electoral, con voz y sin voto.
  • Respecto a las medidas en los acuerdos, se dará prelación al Estatuto de Oposición y a la reforma al régimen electoral.

Como una organización de economía social y solidaria, las FARC crean ECOMÚN (Economía Sociales del Común), un organismo que contará con la financiación del gobierno en materia de asesoría jurídica y técnica, y que busca integrar a los combatientes que voluntariamente quieran participar de este proyecto, para el desarrollo de su futuro económico.

También se creará un Centro de pensamiento y formación política, que podrá realizar investigaciones sociales y celebrar convenios con entidades públicas, privadas y de cooperación internacional. Contará para su financiación con el 5% anual de la apropiación presupuestal para el financiamiento de partidos y movimientos políticos.

Se anuncia la creación del Consejo Nacional de Reincorporación, integrado por 2 miembros del gobierno y 2 de las FARC, y podrá contar con el apoyo de organizaciones sociales e internacionales. Para este proceso de reincorporación efectiva se plantea:

  • Entregar una lista completa de todos los integrantes de las FARC tras su llegada a las Zonas Veredales. Excepcionalmente, y previa justificación de la guerrilla, se incluirán o excluirán personas. El gobierno vigilará cada inclusión. En la lista también se incluyen los integrantes privados de la libertad.
  • Los menores de edad integrantes de las FARC tendrán garantías para la restitución de sus derechos con enfoque diferencial, priorizándose su acceso a la salud y la educación. Recibirán todos los beneficios de la Ley de Víctimas 1448 de 2011 y se buscará su reagrupación familiar. El Consejo Nacional de Reincorporación hará seguimiento al respecto.
  • Se realizará un censo socioeconómico en las Zonas Veredales, el cual servirá para identificar los programas o proyectos productivos que se puedan aplicar con esta población, dando especial prioridad a proyectos y programas de desminado humanitario y protección ambiental. El censo será realizado por la Universidad Nacional de Colombia.
  • Se darán 8 millones de pesos para proyectos productivos individuales a cada integrante de las FARC en su proceso de reincorporación. Se tendrá acceso a este dinero solo una vez.
  • Durante 24 meses cada uno de los integrantes de las FARC, desde la terminación de las Zonas Veredales, recibirá una renta básica mensual equivalente al 90% de un salario mínimo legal mensual vigente, siempre y cuando no tenga un vínculo contractual que le genere ingresos. Este periodo de tiempo se podrá ampliar en función de la normativa al respecto y de si el integrante de las FARC demuestra su participación en actividades de formación.
  • Se dará una asignación única de normalización de 2 millones de pesos a cada integrante de las FARC.
  • El gobierno se encargará de la seguridad social de las FARC por 24 meses. ECOMÚN asesorará a sus integrantes mientras no tengan un contrato.
  • Se realizarán planes y programas para garantizar los derechos fundamentales de los integrantes de las FARC y mecanismos de acceso a vivienda. Incluso, se contempla la posibilidad de autoconstrucción de sus viviendas, proyectos que recibirán atención especial.
  • Se realizará pedagogía para la paz en los concejos municipales, con 3 voceros de las Zonas Veredables. En las asambleas departamentales, se hará una previa concertación del Consejo Nacional de Reincorporación y las asambleas y gobernadores.

Garantías de seguridad y lucha contra organizaciones criminales, incluyendo a aquellas que se consideran sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo

Se contempla la seguridad con una definición nueva e integral que congrega el respeto a la dignidad humana, la promoción y respeto por los derechos humanos y en defensa de los valores democráticos.

Se declara que “el Estado ostenta el monopolio del uso legítimo de las armas con la finalidad de garantizar el pleno disfrute de todos los derechos humanos para todos los colombianos” (Pág. 70). Esto es importantísimo, en tanto significa el reconocimiento del Estado colombiano y de su autoridad.

El gobierno se compromete a combatir a las organizaciones criminales, incluyendo aquellas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.

Se toman determinaciones como fortalecer la administración de la justicia; asegurar el monopolio de los tributos por la hacienda pública; desarrollar enfoques territoriales y diferenciales y enfoques de género para el desarrollo de estas garantías de seguridad, entre otras.

Además, se promoverá un Pacto Político Nacional, movilizado desde las regiones, para que nunca más se utilicen armas en la política y se prohíba y condene la promoción, organización, financiación o empleo de estructuras o prácticas paramilitares, anunciando una política de persecución penal y sanciones administrativas y disciplinarias.

Se creará una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la cual diseñará y hará seguimiento a una política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conductas que amenacen la implementación de estos acuerdos y la construcción de paz. Dicha comisión estará integrada por el Presidente de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Director de la Unidad Especial de Investigación, el Comandante General de las Fuerzas Militares, el Director general de la Policía, 2 representantes del movimiento político que surja de las FARC y 2 voceros en representación de las plataformas de derechos humanos.

Esta Comisión formulará y evaluará el Plan de Acción permanente para combatir y desmantelar las organizaciones y conductas criminales, incluyendo aquellas que sean sucesoras del paramilitarismo o redes de apoyo. También, revisará los antecedentes de servidores públicos de todas las instituciones del Estado para verificar cualquier relación que hayan podido tener con grupos y/o actividades asociadas al paramilitarismo o a violaciones de derechos humanos. Diseñará políticas para el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales antes mencionadas e incluso, hará seguimiento al régimen de controles sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada, con el fin de que cumplan los fines para los que fueron creados y no otros, asociados al crimen.

Además se anuncia la creación de:

  • Unidad Especial de Investigación, que hará parte de la Fiscalía General de la Nación, y perseguirá judicialmente a las organizaciones criminales, incluyendo aquellas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.
  • Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, la cual brindará protección especializada y contará con un comité de impulso a la investigación de delitos al respecto.
  • Delegado presidencial en contacto permanente con organizaciones y movimientos políticos y de derechos humanos.
  • Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, al interior de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que tendrá participación activa de 2 miembros de las FARC, como mínimo.
  • Mesa Técnica de Seguridad y Protección, integrada por el gobierno y las FARC para desarrollar y hacer seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad y Protección, el cual incluirá medidas materiales e inmateriales, como la generación de un ambiente confianza para el nuevo grupo político.
  • Cuerpo de Seguridad y Protección, que tendrá naturaleza mixta y será integrado por personal de confianza del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC a la actividad legal. Tendrá enlace directo y coordinación con la Policía Nacional. “El gobierno nacional garantizará que los esquemas de protección estén dotados de las armas más adecuadas y pertinentes para asegurar la integridad de la población objeto de este acuerdo”. Los integrantes de la Policía que hagan parte del Cuerpo de Seguridad y Protección se revisarán antecedentes penales y disciplinarios y estudios de seguridad, incluyendo pruebas de credibilidad, confianza, entre otros.

El programa de protección integral se implementará tanto a los integrantes del nuevo partido de las FARC, sus actividades y sedes, así como los integrantes de las FARC que se reincorporen a la vida civil y sus familias, dependiendo de su nivel de riesgo. El gobierno nacional hará las asignaciones presupuestales necesarias para la implementación integral del Sistema, las cuales deberán garantizarse por un periodo mínimo de cinco años en su etapa inicial.

Los integrantes del partido o movimiento político de las FARC tendrán presunción de riesgo extraordinario y contarán con atención psicosocial en caso de ser afectados. También, se realizará un proceso de formación en materia de autoprotección para la seguridad. El Consejo Nacional para la Reconciliación y Convivencia diseñará y ejecutará el programa de reconciliación y convivencia y prevención de la estigmatización.

El acuerdo, además, contempla medidas de protección para la sociedad civil:

  • Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los territorios, del cual se encargará el Ministerio del Interior.
  • Promotores comunitarios de paz y convivencia, los cuales impulsarán mecanismos alternativos de solución de conflictos en los territorios.
  • Protocolo de protección para territorios rurales , el cual será creado con la comunidad rural.
  • Se apoyará la labor de denuncia de las organizaciones de derechos humanos en los territorios, incluso poniendo a disposición oficinas y locales con dotación y equipamiento en apoyo a las actividades de los defensores.
  • En la Defensoría del Pueblo se creará un nuevo Sistema de Prevención y Alerta para la reacción rápida a la presencia, operaciones y/o actividades de las organizaciones y conductas criminales objeto de los acuerdos, priorizando las áreas afectadas por la presencia de estas organizaciones y en donde se vayan a asentar integrantes de las FARC.

Se anuncia la supervisión e inspección territorial de los servicios de vigilancia privada, por medio de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de modo que se garantice que no ejerzan funciones militares, de policía, inteligencia o seguridad estatal. Se revisará la reglamentación de armas permitidas y se supervisará a los propietarios, empleados, armamento y contratos, de modo que no se impliquen con organizaciones criminales objeto de este acuerdo.

Se culmina con un punto relacionado con la lucha contra la corrupción, verificando la idoneidad de los servidores públicos con relación a sus labores; haciendo vigilancia y seguimiento a su patrimonio.

Además, el gobierno se compromete a hacer las reformas necesarias para que existan sanciones a los partidos o movimientos políticos cuyos candidatos hayan resultado condenados por vinculación con organizaciones criminales. Las sanciones podrán cumplirse, incluso, cuando el candidato ya haya cumplido su mandato. También se determinarán sanciones a las personas que en los partidos o movimientos políticos hayan otorgados los avales.

Se anuncia un control disciplinario y fiscal de contratación y administración de recursos públicos especialmente en zonas donde existan organizaciones criminales, objeto de este acuerdo.

Las labores de inteligencia se priorizarán para conseguir el desmantelamiento de las estructuras objeto de este acuerdo y se depurarán de las bases de datos de centrales de inteligencia y seguridad, los nombres e información relativa a integrantes de organizaciones de derechos humanos, opositores, integrantes del nuevo partido de las FARC y sus familias, que hayan sido incluidos en estas listas por el solo hecho de serlo o de desempeñar estas labores.

Leer el cuarto capítulo de «Mi resumen de los acuerdos».

Documento completo: Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera

Fotografía ilustrativa: Johnatan Clavijo.