Mi resumen de los acuerdos – Capítulo 4

Punto 4. Solución al problema de las drogas ilícitas

Tiempo aproximado de lectura: 7 minutos.

Nota importante (17 de octubre de 2018): considerando que esta entrada tiene visitas constantes, es importante aclarar que este artículo corresponde a un resumen del Acuerdo de Paz que no fue aprobado por los colombianos en el plebiscito de 2016. Dicho Acuerdo tuvo modificaciones, algunas mínimas, otras sustanciales, que no están consignadas en este resumen. Agradezco su comprensión. Sin embargo, este documento puede servir para conocer la esencia de los Acuerdos del Gobierno colombiano con las FARC.

Lea aquí el primer capítulo de “Mi resumen de los acuerdos”.

Lea aquí el segundo capítulo de “Mi resumen de los acuerdos”.

Lea aquí el tercer capítulo de “Mi resumen de los acuerdos”.

En términos generales, se puede plantear que este acuerdo se condensa en tres puntos: (1) judicialización de los grandes responsables del narcotráfico e investigación y persecución al lavado de activos; (2) tratamiento del consumo como un problema de salud pública y (3) programas integrales para la sustitución de cultivos de forma voluntaria, entendiendo que el campesinado sufre de diferentes flagelos que han facilitado la persistencia de los cultivos ilícitos.

Dicho lo anterior, a manera de breve recuento, les comparto mis apuntes respecto al cuarto punto de los Acuerdos de La Habana:

Este punto inicia con una serie de reconocimientos por parte del Gobierno y las FARC respecto al fenómeno del narcotráfico en Colombia, decretando que la apuesta de este acuerdo debe ser un país sin cultivos de uso ilícito y sin narcotráfico.

Se considera que la pobreza, la marginalidad, la débil presencia institucional y la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, son las razones para entender la persistencia de los cultivos de uso ilícito en el país.

Se reconoce que el cultivo, la producción y la comercialización de las drogas ilícitas han atravesado, alimentado y financiado el conflicto.

Se declara que la solución al problema de las drogas no solo debe pasar por el compromiso de todos los colombianos, sino también por el consenso entre todos los Estados; es decir, que la solución real tiene un carácter transnacional.

Se reconocen los usos ancestrales de la hoja de coca y las posibilidades de uso de algunos de los cultivos ilícitos para fines médicos y científicos.

Y las FARC adquieren el compromiso explícito de poner fin a cualquier relación que se hubiera presentado con el narcotráfico y toda su cadena de producción, buscando además esclarecer las relaciones entre el conflicto y las drogas ilícitas, incluyendo la vinculación del paramilitarismo y el narcotráfico.

A partir de estas premisas se crean los siguientes planes y programas:

El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que buscará la sustitución voluntaria y sostenible –tanto en términos económicos como socioambientales– de los cultivos de uso ilícito, partiendo de la base de ofrecer condiciones de bienestar y buen vivir a las comunidades campesinas, garantizando sus derechos humanos y la protección al medio ambiente.

Por esta razón, se tendrán en cuenta medidas de seguridad para la población campesina en zonas de influencia de cultivos de uso ilícito –de conformidad con la definición de seguridad en estos acuerdos– y se realizarán programas de desminado y limpieza de áreas afectadas por la ubicación de minas antipersonal y municiones sin explotar.

Los campesinos que hagan parte de este programa también podrán participar de los puntos suscritos en el acuerdo sobre Reforma Rural Integral. A la par, se promoverá el cooperativismo y la economía solidaria en las organizaciones campesinas.

Este programa se basará en la construcción de acuerdos con las comunidades, antes de llegar a ejecutarse en los territorios. En caso de no ser posible llegar a acuerdos, se procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible. “Las FARC-EP consideran que en cualquier caso en que haya erradicación esta debe ser manual”, se aclara en el texto del acuerdo final, poniendo de manifiesto que gobierno y guerrilla tienen posiciones diferentes al respecto, pero que se acepta que no toda erradicación será manual.

El gobierno nacional hará las reformas pertinentes para que los pequeños cultivadores no sean sancionados penalmente por sus cultivos por un periodo de dos años –contados a partir de la aprobación de esas reformas–, en los que ellos deben manifestar su intención de renunciar a cultivar y a mantener esos cultivos. Desde ese momento se ponen en marcha los Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA).

Estos planes serán desarrollados de forma participativa y amplia con las comunidades, garantizando que su construcción se realice “de abajo hacia arriba”, de modo que las propuestas que se acuerden en las asambleas comunitarias se integren a los planes de desarrollo municipales, departamentales o nacionales.

Los Planes Integrales, que contarán con estrategias de seguimiento y evaluación, se componen de:

  • Plan de atención inmediata y desarrollo de proyectos productivos, por medio del cual se quiere garantizar el bienestar en aquellos cultivadores y recolectores que renuncien a sus cultivos de uso ilícito, ofreciéndoles:
  1. Asistencia alimentaria al núcleo familiar con la entrega de mercados o bonos por un año;
  2. Para los cultivadores, huertas caseras y especies menores;
  3. Acceso a proyectos de generación de ingresos rápidos, por medio de cultivos de ciclo corto, piscicultura, avicultura, entre otros;
  4. Para los recolectores, opciones de empleo temporal, relacionadas con las propias reformas promovidas por la Reforma Rural Integral.
  5. Al mismo tiempo, se constituirán proyectos productivos con visión a largo plazo y se promoverán actividades económicas artesanales, industriales y de servicios, especialmente si generan valor agregado a los productos.

Este plan también contempla beneficios para las comunidades campesinas en zonas de cultivos de uso ilícito como la construcción de guarderías infantiles rurales para que las madres cabeza de familia puedan acceder a oportunidades laborales; comedores para la población escolar; acceso a oportunidades laborales; programas contra el hambre en la población de tercera edad; superación de la pobreza y generación de ingresos; brigadas de atención básica en salud; estímulos a la economía solidaria y el cooperativismo.

Las comunidades se comprometen a no cultivar de nuevo cultivos de uso ilícito y a no involucrarse de ninguna manera en el narcotráfico.

También incluye:

  • Obras de ejecución rápida, tales como la construcción de vías terciarias, mejoras a escuelas, centros de salud y casetas comunales.
  • Componente de sostenibilidad y recuperación ambiental, para mitigar los impactos ambientales, recuperar los bosques, adecuar los suelos y desarrollar proyectos silvopastoriles.
  • Planes de formalización de tierras, tal y como ya se ha contemplado en el punto 1. Reforma Rural Integral.
  • Planes para zonas apartadas y con baja concentración poblacional, por medio de los cuales se les ofrecerá empleo en estas zonas, relacionado con la conservación de fauna y flora, por ejemplo, o se les ofrecerá alternativas de relocalización.

Todos los planes integrales tendrán que desarrollarse con un cronograma definido, con el propósito de hacer evaluaciones y seguimientos constantes a la ejecución. Además, contarán con una estrategia de comunicaciones trasversal que buscará promover la confianza en la población respecto al desarrollo de estas estrategias.

Con relación al consumo de drogas ilícitas, se acuerda la creación de un Programa nacional de intervención integral frente al consumo de drogas ilícitas, que tiene como principios los derechos humanos, la salud pública y el enfoque diferencial y de género.

Este programa incluye la creación de:

  • Un sistema nacional de atención a las personas consumidoras de drogas ilícitas, que busca su rehabilitación e inserción social;
  • Una revisión y ajuste participativo de la política pública de drogas ilícitas;
  • El análisis de los resultados de las iniciativas ya desarrolladas en los territorios, tanto en el ámbito nacional como internacional, frente a este tema;
  • Capacitaciones, procesos de liderazgo, programas en instituciones educativas, cárceles y con población vulnerable para la promoción de la salud y la prevención del consumo;
  • La generación de conocimiento en materia de consumo de drogas ilícitas, fomentando investigaciones y análisis territoriales sobre las nuevas dinámicas de consumo;
  • Y la evaluación y seguimiento a todas estas estrategias.

A su vez, se determina la judicialización efectiva, que hará especial énfasis en los principales responsables del narcotráfico. Para ello, se crearán grupos interinstitucionales que investiguen el funcionamiento estructural de estas organizaciones, de modo que contribuyan con su posterior judicialización y sanción. También se fortalecerá la cooperación regional e internacional para identificar el funcionamiento de estas organizaciones y hacer seguimiento a sus redes, con un énfasis en las finanzas.

Se determina la persecución al lavado de activos con la creación de un nuevo estatuto de prevención y lucha contra las finanzas ilícitas y se realizará una campaña nacional contra el lavado de activos. Se harán, a su vez, las reformas necesarias para la aplicación efectiva de la extinción de dominio, acompañada de una estrategia de lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico.

Además, se ejercerá control sobre los insumos y precursores químicos utilizados en las diferentes cadenas de producción del narcotráfico, procurando aplicar los protocolos necesarios para no afectar las actividades productivas legales que necesitan de estos insumos.

Finalmente, el gobierno nacional se compromete a promover conferencias internacionales en escenarios como ONU, OEA, UNASUR y CELAC para reflexionar y tomar medidas conjuntas en materia de política contra las drogas; además de proponer diálogos en instancias nacionales y regionales, en los que también participen las agrupaciones de consumidores y los productores de hoja de coca, amapola y marihuana.

Se culmina reiterando el compromiso por esclarecer y promover el reconocimiento de la relación entre la producción, la comercialización y el conflicto, incluyendo la relación del paramilitarismo con el narcotráfico.

De la lectura de este punto destaco especialmente la siguiente frase “que jamás el narcotráfico vuelva a amenazar el destino del país” (Pág. 91).

Próximamente, entrega del quinto capítulo de “Mi resumen de los acuerdos”.

Documento completo: Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera

Nota final

Era mi propósito tener un documento que resumiera los acuerdos de La Habana de una forma sencilla para todos. Sin embargo, debido al resultado del plebiscito y el cambio de los acuerdos, este resumen no puede cumplir con su objetivo inicial. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz se ha encargado de realizar diferentes materiales para la comprensión de los acuerdos, los cuales sugiero consultar. Gracias por su comprensión.

Fotografía ilustrativa: Johnatan Clavijo

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Un comentario en “Mi resumen de los acuerdos – Capítulo 4

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