Punto 1, Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral (RRI)
Nota importante (17 de octubre de 2018): considerando que esta entrada tiene visitas constantes, es importante aclarar que este artículo corresponde a un resumen del Acuerdo de Paz que no fue aprobado por los colombianos en el plebiscito de 2016. Dicho Acuerdo tuvo modificaciones, algunas mínimas, otras sustanciales, que no están consignadas en este resumen. Agradezco su comprensión. Sin embargo, este documento puede servir para conocer la esencia de los Acuerdos del Gobierno colombiano con las FARC.
Comentario inicial:
Los periodistas tenemos un compromiso ciudadano con la información y con hacerla accesible al público, a nuestros conciudadanos. Por esta razón, tenemos especial responsabilidad en este momento histórico del país en cuanto a la comunicación fidedigna, responsable y rigurosa, de los acuerdos de La Habana, cuya refrendación o rechazo consignaremos en las urnas el próximo 2 de octubre de 2016.
Es por esto que realizaré entregas periódicas, durante el próximo mes, de textos cortos a manera de resumen comentado de los acuerdos, de modo que algunos lectores encuentren en ellos una oportunidad de reflexión, estudio o un insumo más para definir, confirmar o modificar su voto.
Introducción:
Fruto de un trabajo de cuatro años, las delegaciones del gobierno nacional de Colombia y de la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) –con los gobiernos de Noruega y Cuba como garantes, y de Venezuela y Chile como acompañantes–, acordaron en La Habana, Cuba, una serie de directrices indispensables para la terminación del conflicto armado con este grupo beligerante con más de 50 años de historia.
Los acuerdos, en su preámbulo, invocan y declaran respeto a la Constitución Política de Colombia, a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario y a los tratados internacionales suscritos por Colombia. Desde el inicio, también, se reconoce que el conflicto ha ocasionado víctimas y sufrimiento a los colombianos y que “No queremos que haya una víctima más en Colombia” (pág.4).
Posteriormente, dictaminan que después del Plebiscito, se buscará un “Acuerdo político nacional” que congregue a todos los partidos políticos, movimientos sociales y fuerzas vivas de la democracia, para la construcción de las reformas y los ajustes necesarios para la ejecución de estos acuerdos que se dividen así:
- Reforma rural integral
- Participación política: apertura democrática para construir la paz
- Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas (contiene la reincorporación de las FARC a la vida civil, sus garantías de seguridad y la persecución a las conductas criminales que amenacen la paz)
- Solución al problema de las drogas ilícitas
- Víctimas
- Mecanismos de implementación y verificación
A continuación, mi resumen comentado del primer punto de los acuerdos:
Punto 1: Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral (RRI)
De este acuerdo, que en su inicio destaca sus principios primordiales –como “Transformación estructural”, “igualdad y enfoque de género”, “Bienestar y buen vivir”, entre otros–, se puede considerar que la medida más importante es la creación de un Fondo de tierras, el cual distribuirá terrenos de forma gratuita a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y que dispondrá de 3 millones de hectáreas durante sus primeros 10 años de creación.
Estos terrenos tendrán diferentes orígenes; por ejemplo, podrán venir de extinciones de dominio, baldíos indebidamente apropiados, tierras inexplotadas o incluso, tierras donadas. Quienes reciban estas tierras no podrán venderlas ni embargarlas, pues son declaradas “inalienables e inembargables” por un periodo de 7 años. Esto quiere evitar que los campesinos que reciban estas tierras las vendan, en beneficio de los grandes terratenientes.
Al mismo tiempo, se propone formalizar 7 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, pues en Colombia, muchos terrenos de campesinos no están debidamente legalizados. Por esto, se realizará una actualización catastral y del impuesto predial rural.
Se implementarán, además, líneas de crédito para los campesinos, con un especial enfoque de género que beneficie a las mujeres campesinas y, de forma destacada, a la mujer campesina cabeza de hogar.
El acuerdo crea los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los cuales estarán vinculados al Plan Nacional de Desarrollo y que, con su ejecución en los próximos 10 años, llamados «periodo de transición», buscarán erradicar la pobreza extrema y reducir la pobreza rural en un 50%, además de mejorar la calidad de vida en el campo. Para lograrlo se proponen los siguientes planes:
- Plan nacional de salud rural
- Plan especial de educación rural
- Plan nacional de construcción y mejoramiento de vivienda social rural
- Plan nacional de fomento a la economía solidaria y cooperativa rural
- Plan nacional de asistencia integral técnica, tecnológica y de impulso a la investigación
- Plan para la economía campesina para acceso a financiamiento
- Plan para la promoción de la comercialización de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria (del que se destaca la minimización de intermediarios y, por consiguiente, la reducción de precios para el consumidor)
- Plan progresivo de protección social y garantía de derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales
- Sistema especial para garantizar el derecho a la alimentación de la población rural
Como se logra ver, son 8 planes y un sistema, que si se miran en el acuerdo original, tienen descripciones amplias y propósitos que, aunque loables, están descritos sin mucha profundidad respecto a su ejecución, lo cual es entendible porque en su defecto, estaríamos hablando de un documento de una extensión incalculable.
Por supuesto, corresponderá al aparato estatal, luego de la aprobación del Plebiscito, definir los mecanismos por medio de los cuales se implementarán estas medidas que, en resumen y a mi modo de ver, buscan esencialmente: devolver la tierra a los campesinos y, de esta manera, empezar la restitución del sector más afectado por el conflicto; evitar las grandes concentraciones de tierra; aprovechar al máximo los terrenos ahora improductivos; organizar la propiedad de la tierra y formalizarla; proteger a los pequeños y medianos campesinos garantizando sus derechos fundamentales; proteger el medio ambiente y las zonas de reserva; salvaguardar el patrimonio genético (especialmente referido a las semillas) y la biodiversidad; y garantizar la infraestructura y el aparato estatal para el cumplimiento de estos propósitos.
Por lo tanto, estamos hablando de una apuesta ambiciosa… una especie de reforma agraria que traería notables beneficios al campo colombiano (no sé si eso mismo piensen algunos grandes terratenientes, beneficiados por el actual abandono estatal) y cuyo mayor riesgo es que caiga en un segundo o tercer plano frente a la logística propia de la transición de las FARC hacia un partido político y la reintegración de sus miembros a la vida civil. Al menos, es una declaración de intenciones que determina un nuevo rumbo para el campesinado de nuestro país.
De esta primera entrega, correspondiente al 10% de los acuerdos, destaco especialmente esta frase:
«Hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación en el que todos y todas trabajan alrededor de un propósito común, que es la construcción del bien supremo de la paz, derecho y deber de obligatorio cumplimiento» (Pág. 18).
Lee aquí la segunda entrega de “Mi resumen de los acuerdos”.
Documento completo: Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera
Fotografía: Johnatan Clavijo
Clavijo Periodista 